Convidat a fer-ho, per ATTAC-Mallorca i l’organització sindical CGT-Balears, he adreçat aquest escrit a una trentena d’eurodiputats, tot esperant rebre’n alguna casta de resposta relacionada amb el rebuig cívic de la directiva Bolkestein:
“Estimada diputada,
Estimado diputado,
Ante la inminente celebración en el Parlamento Europeo del debate sobre la propuesta de Directiva de Servicios en el Mercado Interior (vulgarmente conocida como D. Bolkestein), seguida de su votación en sesión plenaria el 16 de febrero, quisiera expresarle las siguientes observaciones, que complementan y actualizan las formuladas anteriormente.
Entendemos, junto con otras numerosas asociaciones, movimientos civiles, partidos y sindicatos, que el texto actual mantiene inalterados los puntos más conflictivos de la propuesta original, incluso tras los cambios introducidos por la Comisión de Mercado Interior del PE y las posteriores enmiendas acordadas recientemente entre el PSE y el PPE .
* En este sentido destaca la permanencia del criterio del "país de origen ", denominado actualmente "libre circulación de servicios", que permitiría a las empresas prestatarias de servicios desatender fácilmente las normas y regulaciones del país destinatario de los servicios, debido a la ambigüedad de las condiciones establecidas para que los EM pudieran aplicar estas normas sin vulnerar los principios de " necesidad, no discriminación y proporcionalidad", lo que en la práctica se traduciría en la aplicación de hecho de las normas del país de origen, a no ser que se acudiera constantemente, en caso de conflicto, al fallo del Tribunal de Justicia Europeo, cuya trayectoria en favor de las grandes empresas es desgraciadamente bien conocida.
* El ámbito de aplicación de la Directiva sigue siendo demasiado extenso, no habiendo una exclusión explícita de todos los servicios de interés general (económicos o no) , lo que pondría en peligro algunos de los servicios públicos (suministro de agua, educación, servicios sociales) que constituyen los pilares del remanente estado del bienestar del tan alabado modelo social europeo. Se menciona vagamente la exclusión de aquellos servicios prestados por las administraciones públicas, que no entren en competencia con agentes privados, lo cual es prácticamente imposible en la situación actual de avanzada liberalización de servicios, quedando a salvo tan sólo, por ahora, las fuerzas armadas, los bancos centrales y la administración de justicia. Sería, por otra parte, particularmente grave que esta propuesta se aprobara antes de que se hiciera público el Libro Blanco sobre Servicios de Interés General , previsto para el verano del 2006, ya que los criterios de este Libro deberían constituir la base para el tratamiento de estos servicios en la Directiva en cuestión, siendo preferible una armonización de servicios al alza entre los EM, que una forzada revisíon a la baja, derivada de la "libre circulación de servicios".
* Tampoco queda suficientemente claro que la Directiva respete los acuerdos laborales y convenios colectivos de los EM, así como las condiciones de los trabajadores extranjeros desplazados con carácter temporal, lo cual podría provocar situaciones de "dumping social y salarial".
Estas cuestiones, además de otras que no mencionamos por brevedad, han llevado a que se reitere el fuerte rechazo al texto actual, motivando numerosas manifestaciones, manifiestos, concentraciones, etc., el pasado día 11 a lo largo de toda la UE, especialmente en Berlín y Estrasburgo, y a que se mantenga la concentración prevista por la Confederación Europea de Sindicatos el día 14 que ha reiterado su rechazo.
A nivel de España, les supongo en conocimiento de la aprobación por mayoría absoluta (tan sólo el PP votó en contra) el pasado 9 de febrero en el Parlamento Andaluz (con la presencia del Presidente de la Comunidad, Dn. Manuel Chaves ) de una propuesta no de ley de rechazo de esta Directiva, por los motivos expuestos anteriormente y de especial incidencia en esta Comunidad por su estructura socio-económica; así como del apoyo a los movimientos civiles que trabajan por la preservación de los servicios públicos y el modelo social europeo.
Por todo lo anterior, reiteramos la petición de que, con ocasión de la votación en el Parlamento Europeo de esta directiva, se pronuncie por un rechazo total de la misma. No obstante, si por desgracia no se alcanzara una mayoría suficiente para su rechazo, le pedimos que vote a favor de aquellas enmiendas que limiten y mitiguen su nocividad, especialmente la preponderancia del "país de destino" y la exclusión de los servicios de interés general.
Confío sinceramente en que mi próxima carta, tras la votación, sea para felicitarle por su toma de postura."
Cecili Buele i Ramis
Mallorca, 14 de febrero de 2006
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